En menos de dos años de gestión, el Gobierno nacional avanzó en un proceso de reorganización del Estado que implicó la reducción de un 15,9% del sector público. La administración de Javier Milei sostiene que esta reducción forma parte de una estrategia de eficiencia que busca ordenar cuentas, eliminar estructuras superpuestas y garantizar que los recursos lleguen donde realmente se necesitan.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla el impacto de esta transformación estructural. Aunque el estudio intenta advertir sobre una supuesta “crisis operativa”, desde el Gobierno remarcan que la reorganización apunta a corregir décadas de acumulación de cargos políticos, contrataciones discrecionales y organismos sobredimensionados que drenaban recursos.
En este marco, ANSES se convirtió en uno de los ejes centrales del ajuste inteligente, encarando una depuración interna que, según fuentes oficiales, permitirá mejorar la calidad del servicio, acelerar trámites y concentrar el presupuesto en prestaciones sociales.
Las empresas estatales también atravesaron recortes significativos: Correo Argentino redujo 4.916 puestos, la Operadora Ferroviaria S.E. 2.801, el Banco Nación 1.831 y Aerolíneas Argentinas 1.768. En términos proporcionales, la ex Télam encabeza las bajas con un 80% de reducción, seguida por ENARSA Patagonia (-66,7%), Educar S.A. (-52,5%) y Contenidos Públicos S.E. (-42,7%). Para el oficialismo, estas medidas apuntan a terminar con estructuras deficitarias que durante años funcionaron como refugio de la “casta”, acumulando gastos sin ofrecer servicios acordes.
Relato federalista 
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