Relato federalista

Según La Nación, la Justicia federal investiga autorizaciones para acceder al dólar oficial y su posterior reventa a valores más altos durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente de Economía. Hay allanamientos a bancos, financieras y domicilios particulares.

La Justicia federal profundizó en los últimos días varias investigaciones que buscan esclarecer presuntas maniobras irregulares vinculadas al acceso al dólar oficial mientras regía el cepo cambiario durante el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Las causas apuntan a autorizaciones otorgadas a financieras, bancos y casas de cambio para comprar divisas al tipo de cambio oficial, que luego habrían sido revendidas a valores significativamente más altos en el mercado paralelo.

En ese marco, tres jueces federales —María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti— ordenaron alrededor de un centenar de allanamientos en distintas jurisdicciones. Los procedimientos incluyeron entidades financieras, bancos, casas de cambio y domicilios particulares, entre ellos la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, financista y titular de la firma Sur Finanzas. Las medidas se realizaron en causas separadas pero vinculadas por el mismo período y modalidad investigada.

Según surge de los expedientes, una de las líneas centrales de la pesquisa es determinar cómo determinadas entidades accedieron a permisos para operar con dólar oficial en un contexto de fuertes restricciones cambiarias y una brecha que llegó a superar el 100% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En ese escenario, la Justicia intenta reconstruir el circuito completo de las operaciones y establecer posibles responsabilidades tanto del sector privado como de organismos de control.

Las investigaciones también alcanzan al funcionamiento del Banco Central durante ese período. En una de las causas, se dispusieron allanamientos en áreas del propio organismo y en domicilios de funcionarios técnicos, con el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos. Aunque los expedientes se encuentran bajo secreto de sumario, fuentes judiciales indicaron que el objetivo es reunir pruebas sobre la eventual existencia de un esquema sistemático de autorizaciones irregulares durante la vigencia del cepo cambiario.