Relato federalista

El mandatario bonaerense encabezó el Congreso Provincial de Seguridad en un clima de tensión por el desfinanciamiento nacional y la media sanción del proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

El gobernador Axel Kicillof lideró la apertura del Congreso Provincial de Seguridad en la Escuela de Policía «Juan Vucetich» de Berazategui, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y los altos mandos de la fuerza. El acto funcionó como una respuesta política al avance del régimen penal juvenil en el Congreso Nacional, destacando que en la provincia de Buenos Aires se apuesta por la prevención y el abordaje integral. Durante la jornada, se formalizó la adhesión de siete nuevos municipios al programa «Entramados», una iniciativa sociocomunitaria que ya alcanza a 30 distritos y busca evitar que los jóvenes en situación de vulnerabilidad se inicien en el delito.

En su discurso, Kicillof lanzó duras críticas a la administración de Javier Milei por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, calificando el ajuste nacional como un «desprecio» por la seguridad real. El gobernador sostuvo que «para tener una mejor policía hay que invertir más y tener más Estado», contrastando la inversión provincial en equipamiento y formación con el recorte de recursos desde la Casa Rosada. Asimismo, cuestionó el superávit fiscal que exhibe la Nación, afirmando que se construye sobre una deuda ilegal con las provincias que afecta directamente el salario de los agentes y la compra de insumos básicos.

Respecto al debate por la baja de la edad de imputabilidad, el mandatario fue tajante al señalar que la sanción de leyes punitivas sin programas de contención no resuelve los problemas de fondo. «El que mata o lastima queda encerrado, tenga la edad que tenga, pero nadie sale a delinquir pensando en cuál es la pena», afirmó, haciendo hincapié en que la verdadera eficacia reside en mejorar la calidad de vida y la justicia social. Con este posicionamiento, Kicillof reafirma su rol como principal opositor, defendiendo un modelo de seguridad basado en la presencia estatal y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios frente a lo que denomina propuestas de «marketing» punitivista.