La administración nacional derogó el mecanismo de financiamiento que sostenía la gratuidad en transporte para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con cáncer. La medida se concretó mediante una resolución que cuestiona la continuidad del sistema anterior, argumentando que «carece de sustento económico».
Desde el oficialismo sostienen que, aunque se eliminó el fondo específico, el derecho a la gratuidad permanece vigente y continúa siendo exigible para los beneficiarios. Sin embargo, la derogación genera interrogantes sobre cómo se financiarán estas prestaciones en adelante.
La decisión del Ejecutivo evaluó que las compensaciones que formaban parte de las resoluciones previas no podían mantenerse bajo los parámetros anteriores. Según la postura gubernamental, esta medida responde a la necesidad de reordenar el gasto público y buscar alternativas de sustentabilidad fiscal.
Los grupos de personas con discapacidad y organizaciones que representan a familias con menores enfermos de cáncer aún no han emitido comunicados públicos sobre la derogación. No obstante, especialistas advierten que la eliminación del fondo específico podría complicar la operatividad del beneficio, incluso si formalmente se mantiene su vigencia legal.
El Gobierno aseguró que se buscarán nuevas formas de garantizar el acceso al transporte gratuito, aunque no especificó los detalles de estas alternativas ni los tiempos de implementación. La medida se enmarca en el plan de ajuste fiscal que caracteriza la gestión actual.
Imagen: Paul / Unsplash – Con informacion de La Nación
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