La iniciativa prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña o propaganda electoral en el país, ampliando los controles sobre la participación de actores externos en los procesos políticos argentinos. (infobae)
Además, propone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, busquen alterar elecciones o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. La escala subiría a entre 8 y 15 años cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales. (infobae)
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incorpora un capítulo específico destinado a reforzar los mecanismos frente a posibles operaciones de influencia extranjera sobre la política argentina, con modificaciones al financiamiento partidario y nuevas figuras dentro del Código Penal.
Durante una de sus intervenciones públicas, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó este aspecto de la iniciativa y señaló que el objetivo es fortalecer la protección institucional frente a interferencias provenientes del exterior en procesos electorales, decisiones públicas e instituciones nacionales.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 17 de septiembre y actualmente se encuentra en tratamiento parlamentario. Fue girada a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. (HCDN)
Límites al financiamiento extranjero de campañas
Uno de los cambios centrales apunta a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos N° 26.215.
El proyecto busca impedir que personas extranjeras que no tengan residencia permanente en la Argentina y personas jurídicas extranjeras realicen contribuciones o donaciones destinadas a partidos políticos.
Pero el alcance propuesto va más allá del aporte de dinero: también les impediría financiar, organizar, dirigir o ejecutar actividades de campaña o propaganda electoral. (infobae)
De aprobarse en los términos enviados al Congreso, la restricción buscaría alcanzar tanto al financiamiento directo como a la intervención operativa de actores extranjeros dentro de las campañas argentinas.
Penas de hasta 12 años por interferir en elecciones
El denominado “chiche” más fuerte del capítulo está en las modificaciones propuestas al Código Penal.
La iniciativa contempla penas de 5 a 12 años de prisión para quien actúe por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero y desarrolle acciones destinadas a alterar un proceso electoral o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. (infobae)
La escala prevista aumentaría a 8 a 15 años cuando esas conductas involucren amenazas, sobornos, coerción o utilización de estructuras criminales. (infobae)
De esta manera, el proyecto busca pasar de las restricciones principalmente económicas previstas en el régimen de financiamiento político a incorporar también consecuencias penales frente a determinadas formas de intervención extranjera.
También alcanza operaciones clandestinas de inteligencia
La propuesta incluye además nuevas herramientas frente a actividades clandestinas realizadas por actores extranjeros.
Entre otras disposiciones, incorpora delitos vinculados con operaciones de inteligencia extranjera dentro del territorio argentino y con la transmisión de información secreta a Estados o servicios de inteligencia extranjeros. En determinados supuestos vinculados con un conflicto armado o una agresión extranjera, las penas previstas pueden alcanzar los 20 años de prisión. (infobae)
Este capítulo forma parte de un proyecto mucho más amplio que el inicialmente asociado a la explotación de recursos naturales en Malvinas. El texto enviado al Congreso también aborda defensa, inteligencia, seguridad nacional, infraestructura crítica, espacio aéreo y marítimo y amenazas provenientes de actores externos. (Argentina.gob.ar)
Un proyecto que abre debate en el Congreso
Las disposiciones vinculadas con la interferencia electoral generaron también cuestionamientos.
Constitucionalistas y entidades periodísticas expresaron preocupación por la amplitud de conceptos como “desinformación masiva” y por la posibilidad de que una interpretación extensa afecte las libertades de expresión y de prensa. ADEPA anunció que enviará al Congreso un análisis jurídico sobre esos artículos. (infobae)
Por eso, el alcance definitivo de estas figuras dependerá ahora del tratamiento legislativo y de las modificaciones que eventualmente realice el Congreso.
Desde el Ejecutivo, en cambio, la iniciativa fue presentada como parte de una estrategia más amplia para dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas y proteger la soberanía argentina. (Argentina.gob.ar)
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