La iniciativa enviada al Congreso extiende la protección a recursos renovables y no renovables, incorpora responsabilidades para proveedores y socios de empresas involucradas, eleva penas y multas y suma herramientas como el juicio en ausencia y un régimen de regularización para quienes abandonen actividades consideradas ilegales por la Argentina. (Argentina)
El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca reemplazar el régimen vigente de la Ley 26.659 y ampliar las herramientas disponibles frente a actividades de explotación de recursos realizadas sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. (Argentina)
Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó los principales cambios contenidos en el proyecto y señaló que la propuesta busca ampliar las consecuencias legales, económicas y comerciales para las compañías y personas vinculadas con esas operaciones.
La iniciativa todavía debe ser debatida y aprobada por el Congreso para convertirse en ley.
Más recursos y mayor alcance
Uno de los cambios centrales consiste en ampliar el universo de recursos alcanzados.
La legislación vigente está concentrada principalmente en las actividades hidrocarburíferas, mientras que el nuevo proyecto contempla recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo actividades vinculadas con la pesca y otros bienes naturales. También comprende las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sus espacios marítimos circundantes y la Plataforma Continental Argentina. (infobae)
Ravier remarcó además que el esquema dejaría de concentrarse únicamente en quien realiza directamente la explotación. La responsabilidad podría extenderse a proveedores, financistas y otros actores que aporten bienes o servicios indispensables para desarrollar las actividades alcanzadas por el régimen. (Todo Noticias)
Penas de hasta 20 años y multas referenciadas al petróleo
El proyecto también establece un endurecimiento de las sanciones penales y económicas.
Para determinadas actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables realizadas sin autorización argentina se contemplan penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión. En el caso de proveedores que colaboren conscientemente con esas operaciones, se prevén penas de entre cinco y siete años. (Todo Noticias)
Las multas dejan además de expresarse únicamente en montos nominales y pasan a tomar como referencia unidades equivalentes a barriles de petróleo crudo, con escalas diferentes según la conducta sancionada. El proyecto contempla también inhabilitaciones comerciales y restricciones para desarrollar actividades económicas. (Todo Noticias)
Restricciones para contratar y juicio en ausencia
Otra modificación relevante apunta a las relaciones comerciales de quienes sean sancionados.
El proyecto amplía las consecuencias para empresas infractoras y contempla restricciones para mantener contratos y desarrollar operaciones dentro de la Argentina. Según el texto difundido, el régimen alcanza tanto determinadas relaciones con el sector público como vínculos económicos celebrados por actores establecidos en el país. (infobae)
También incorpora estos delitos al régimen de juicio en ausencia, lo que permitiría avanzar con investigaciones y procesos penales aun cuando los imputados extranjeros no se encuentren a disposición de la Justicia argentina. (Todo Noticias)
Además, la responsabilidad no desaparecería mediante fusiones, escisiones, transferencias o modificaciones de la estructura societaria, una disposición orientada a impedir que las empresas eludan las sanciones mediante reorganizaciones corporativas. (infobae)
Una vía para abandonar las actividades cuestionadas
La propuesta incorpora a su vez un Régimen de Desistimiento y Regularización.
El mecanismo permitiría que empresas o personas alcanzadas por el nuevo esquema puedan solicitar la suspensión o eventual extinción de determinadas acciones si acreditan el cese de la actividad cuestionada y cumplen las condiciones establecidas para regularizar su situación. (Todo Noticias)
Desde el Ejecutivo sostienen que la combinación de sanciones más severas y una vía de salida busca elevar el costo de continuar con actividades que la Argentina considera realizadas sin autorización y, al mismo tiempo, generar incentivos para abandonarlas. (Argentina)
El reclamo argentino y una disputa aún abierta
La presentación del proyecto se produce en el marco de la histórica disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. La Constitución argentina ratifica el reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable, conforme al derecho internacional. (Argentina)
El Reino Unido, que administra las islas, rechaza la jurisdicción argentina sobre ellas y mantiene una posición diferente respecto de las licencias y actividades económicas autorizadas allí. Por ese motivo, las nuevas sanciones propuestas por la Argentina forman parte de una controversia internacional que continúa sin resolución definitiva. (elpais.com)
Relato federalista 
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