Según Pampa Diario, efectivos y familiares de policías de General Pico denunciaron atrasos de más de dos meses en el pago de servicios adicionales que realizan por fuera de su jornada habitual. En determinados casos vinculados con organismos estatales, aseguran que las demoras pueden extenderse hasta cuatro o cinco meses.
Los testimonios mencionan servicios prestados para Rentas, Desarrollo Social y viviendas del IPAV entre los que acumularían mayores atrasos. Uno de los efectivos afirmó que en octubre recién había cobrado un adicional realizado en mayo y contó que necesitó ayuda familiar para poder afrontar el alquiler.
Efectivos de la Policía de General Pico manifestaron su malestar por las demoras en el cobro de servicios adicionales, un ingreso que muchos agentes incorporan habitualmente a su economía mensual.
El reclamo fue difundido a partir de testimonios de policías y familiares que pidieron mantener sus identidades reservadas. Según relataron, el atraso habitual supera los dos meses y puede ser todavía mayor cuando los servicios son contratados por organismos estatales.
“Yo cobré hace unos días un adicional de mayo. Los adicionales los cobramos más de dos meses después de hacerlos, hay muchísima demora”, contó uno de los efectivos citados por el medio.
El mismo agente relató que durante ese mes debió recurrir a sus padres para poder pagar el alquiler.
Hasta 20 adicionales pendientes
Según los testimonios publicados, no se trataría de situaciones aisladas.
Los policías aseguran que en un período de apenas dos meses pueden acumularse 10, 15 y hasta 20 servicios adicionales pendientes de pago.
Los adicionales son tareas que los efectivos realizan por fuera de su servicio ordinario y que son abonadas de manera separada del salario básico. Por ese motivo, técnicamente no corresponden al sueldo básico, aunque los propios agentes señalaron que constituyen una parte habitual de sus ingresos mensuales.
“Con el sueldo solo, si alquilás, no vivís”, señalaron efectivos consultados por Pampa Diario.
Los organismos estatales, entre los más demorados
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con quién contrata esos servicios.
De acuerdo con los policías, los adicionales vinculados con Rentas, Desarrollo Social y viviendas del IPAV serían los que presentan los mayores atrasos y podrían tardar entre cuatro y cinco meses en ser abonados.
Pampa Liberal retomó los testimonios y remarcó que, hasta el momento de esas publicaciones, no existía una explicación oficial sobre los plazos de liquidación ni sobre las diferencias denunciadas en algunos pagos.
Por ese motivo, las demoras deben presentarse como un reclamo de efectivos y familiares, ya que no se difundieron públicamente planillas administrativas completas que permitan conocer cuántos adicionales se encuentran pendientes en toda la fuerza.
También reclaman por las horas excedentes
El malestar no se limita a los tiempos de pago.
Los efectivos también señalaron cambios en la forma en que se liquidarían las horas trabajadas por encima del tiempo previsto originalmente para cada adicional.
Según explicaron, existen servicios programados por cinco o seis horas que, por necesidades operativas, pueden extenderse varias horas más. Los agentes sostienen que anteriormente ese tiempo adicional se reconocía como hora excedente y que actualmente no siempre se estaría liquidando de la misma manera.
En este punto tampoco se difundió una resolución oficial que permita determinar si efectivamente hubo una modificación administrativa general o si se trata de casos particulares.
Un reclamo que impacta en el ingreso mensual
Para los policías que dieron su testimonio, la cuestión central es que el retraso termina afectando directamente su economía familiar.
El caso del agente que afirmó haber cobrado en octubre un servicio realizado en mayo muestra la magnitud que pueden alcanzar algunas demoras denunciadas.
Los efectivos reclaman mayor previsibilidad sobre cuándo se liquidan los adicionales y claridad respecto de las horas excedentes trabajadas.
Hasta las publicaciones consultadas no se había incorporado una respuesta de la Jefatura de Policía ni del Gobierno provincial que explicara los plazos administrativos correspondientes.
Fuentes: Pampa Diario, 6 de octubre de 2026; Pampa Liberal, 8 de octubre de 2026.
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