El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que garantizar que la asistencia social llegue a las personas que realmente la necesitan es una prioridad del Gobierno nacional. Durante su conferencia en Casa Rosada, detalló irregularidades detectadas en el sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral y defendió la continuidad de las auditorías.
Entre los casos bajo revisión, el Gobierno informó sobre beneficiarios que registraban varios vehículos e inmuebles e incluso una persona que figuraba como titular de un avión. También se detectaron expedientes médicos con documentación prácticamente idéntica entre diferentes pacientes, situaciones que Ravier presentó como indicios que deben investigarse.
Adrián Ravier dedicó parte de su última conferencia de prensa a explicar el proceso de revisión que lleva adelante el Gobierno nacional sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
“Para el Gobierno del presidente Milei es prioritario asegurar que la asistencia social llegue en forma efectiva a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, afirmó el vocero presidencial.
Según los datos presentados por Ravier, el padrón nacional pasó de 75.947 pensiones en 2001 a 1.221.971 en 2023, lo que representa una multiplicación superior a 15 veces en poco más de dos décadas. El funcionario sostuvo además que durante los doce años de gobiernos kirchneristas se incorporaron 978.242 prestaciones. Esas cifras fueron comunicadas oficialmente por Casa Rosada durante la conferencia del 27 de octubre.
Cruces de datos y controles patrimoniales
Ravier explicó que el Gobierno comenzó a cruzar distintas bases oficiales para verificar que quienes reciben una pensión continúen cumpliendo los requisitos médicos y socioeconómicos establecidos.
Dentro de los casos alcanzados por las suspensiones, se detectaron 38 beneficiarios con dos o más vehículos registrados, 26 con dos o más inmuebles y 40 con al menos una propiedad de más de una hectárea. También apareció un beneficiario que figuraba como titular de un avión.
La normativa vigente establece que estas prestaciones tienen carácter asistencial y están destinadas a personas imposibilitadas de trabajar por razones de salud que, además, se encuentran en situación de vulnerabilidad social. El régimen contempla evaluaciones médicas y socioeconómicas y permite realizar auditorías y cruces de información.
Historias clínicas y estudios repetidos
Uno de los casos expuestos por el vocero se registró en Tucumán.
El Gobierno analizó 27 expedientes correspondientes a los departamentos de Monteros y Trancas. De acuerdo con la información oficial, 26 contenían historias clínicas firmadas por un mismo profesional y con estructuras prácticamente idénticas.
En 18 casos, las historias clínicas serían fotocopias en las que únicamente se modificaron a mano el nombre del paciente y la fecha. También se detectaron 24 radiografías con diagnósticos y números de serie prácticamente iguales y 22 informes de laboratorio en los que distintos pacientes presentaban resultados idénticos en nueve de once valores analizados.
Ravier sostuvo que estos hallazgos constituyen, para el Gobierno, “indicios de maniobras de falsificación documental”. Se trata por ahora de indicios surgidos de las auditorías y no de condenas judiciales.
Más de 21.000 pensiones bajo revisión
En el mismo anuncio, la Secretaría Nacional de Discapacidad informó que resolvió mantener suspendidas 21.812 pensiones cuyos titulares no habían presentado documentación médica o socioeconómica suficiente para comprobar que seguían cumpliendo los requisitos.
El Gobierno aclaró que la suspensión no implica determinar automáticamente que esas personas no presentan una incapacidad laboral. Los afectados dispondrán de un plazo de 30 días hábiles administrativos para aportar antecedentes, justificar ausencias en auditorías o presentar documentación para que su situación sea revisada.
Durante 2026, además, Nación inició un proceso de conversión y revisión administrativa de las pensiones otorgadas con anterioridad a septiembre de 2025, con el objetivo declarado de verificar requisitos y adecuarlas al nuevo régimen de protección social.
“Que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan”
Ravier cerró su exposición asegurando que el Gobierno continuará con las auditorías y los cruces de información.
“El Gobierno nacional continuará trabajando para fortalecer los mecanismos de control, garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos y brindar asistencia a las personas que realmente lo necesitan”, afirmó.
El eje planteado por la Vocería es mantener la cobertura para quienes reúnen las condiciones previstas por la normativa y, al mismo tiempo, revisar los casos en los que existan inconsistencias patrimoniales, médicas o administrativas.
Fuentes: Casa Rosada, conferencia de prensa de Adrián Ravier del 27 de octubre de 2026; Secretaría Nacional de Discapacidad; normativa nacional sobre Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.
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